El Alcalde Josy Fernández se enfrenta a 15 meses de cárcel por no impedir las manifestaciones opositoras en San Antonio de Los Altos.
Después de destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, y de intentar suplantar a la Asamblea Nacional con la nueva Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, el régimen de Nicolás Maduro ha puesto en el punto de mira a los 80 ayuntamientos controlados por la oposición.
El Tribunal Supremo se ha convertido en el ariete para derribar a los alcaldes elegidos en los comicios de 2013 y barrer a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de uno de sus últimos bastiones institucionales. Además del caso más conocido, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario, dos ediles han sido condenados a 15 meses de cárcel en las últimas dos semanas y hasta 14 están encausados por permitir las manifestaciones contra el Gobierno que se suceden desde el pasado 1 de abril.
Uno de ellos es Josy Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos, un municipio de 110.000 habitantes a 10 kilómetros de la capital. Fernández, del partido opositor Primero Justicia, está citado para este martes por el tribunal y, en conversación telefónica con EL PAÍS, asegura que aún no ha decidido si acudirá. Califica de “absolutamente inconstitucional y al margen de la ley” el procedimiento abierto contra él y denuncia que sus abogados ni siquiera han podido acceder al expediente.
La acusación se basa en el testimonio de cuatro miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que no viven en su ciudad y que sostienen que las protestas les impidieron el paso. “La denuncia es un corta y pega, tanto que ni siquiera se han molestado en cambiar el nombre de la localidad y me imputan no prohibir las manifestaciones en Baruta, un municipio que no es el mío”, alega Fernández.
El alcalde justifica la movilización de sus vecinos por la situación desesperada que vive la población, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación del 5000%, pero asegura disponer de vídeos que demuestran que las manifestaciones no alteraron en ningún momento la movilidad.
No confía en que sus argumentos sean considerados. El alcalde de Iribarren, Ramón Alfredo Ramos, fue capturado el pasado día 28 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política de Maduro, y otros cuatro ediles, incursos en el mismo procedimiento, están en busca y captura. Además de acabar en la cárcel, se enfrenta a la destitución de un cargo para el que fue elegido con el 78% de los votos.
Fernández es uno de los casi 200.000 venezolanos con nacionalidad española. Hasta los 18 años vivió en el municipio de Chantada (Lugo), de donde procede su familia. La última vez que estuvo en España fue hace tres meses, pero tuvo que regresar precipitadamente a Venezuela ante el deterioro de la situación. Tiene pasaporte español, al igual que sus dos hijos, pero no parece que eso pueda servirle de mucho: media docena de españoles llevan meses en las cárceles de Maduro, incluido el exlíder estudiantil Yon Goicoechea, pese a que se ha archivado la acusación contra él, y otros 20 han sido detenidos en la última oleada de manifestaciones.
